5 de agosto, Bogotá – Desde Ambiente y Sociedad (AAS), radicamos nuestra intervención ante la Corte Constitucional de Colombia con el fin de solicitar la declaración de constitucionalidad de la Ley 2273 del 05 de noviembre de 2022, la cual aprueba el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Desde el 2012, hemos liderado esfuerzos de investigación, pedagogía y litigio estratégico con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia en las políticas públicas ambientales a nivel nacional e internacional. Como parte de nuestra misión, hemos trabajado activamente en la construcción, promoción y ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia y en la región.
Este Tratado regional busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, basados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En ese contexto, consideramos que este acuerdo complementa y fortalece el marco normativo nacional, especialmente porque es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe, la región más peligrosa para ejercer esta labor.
Colombia enfrenta un grave problema de violencia dirigida hacia los defensores ambientales, especialmente aquellos que se oponen a actividades económicas como la industria extractiva y la minería ilegal. De acuerdo con el reciente informe de Global Witness, Colombia es el país más peligroso para la defensa del ambiente a nivel global, contando con el mayor número de asesinatos entre 2012 y 2022. Durante el año 2022 fueron asesinadas 60 personas defensoras del ambiente en nuestro país. Es importante resaltar que además del aumento en asesinatos, las personas defensoras del ambiente se enfrentan a escenarios de hostigamiento, judicialización y discriminación por parte de su entorno social, actores de poder y actores ilegales.
Reconociendo la urgencia y el llamado de los liderazgos ambientales en Colombia para superar un contexto de violencia sistemática en el que las defensoras y defensores ambientales han sufrido múltiples vulneraciones, asesinatos y hostigamientos, hemos intervenido ante la Corte Constitucional demostrando que el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que se articula con nuestra Constitución Política y fortalece el marco normativo nacional, particularmente en materia de protección efectiva de las personas defensora.
Si bien, en Colombia han existido avances normativos en materia de protección, estos no han sido suficientes para garantizar la prevención de ataques en contra de las personas defensoras del ambiente, de igual forma se reitera el desconocimiento de las necesidades de quienes se encuentran en primera línea de defensa al recibir hostigamientos y amenazas, dado que se implementan rutas de protección burocráticas que revictimizan a quienes precisamente alzan su voz buscando el respaldo de la estructura del Estado. Entre las peticiones presentadas, solicitamos a la Corte que declare la constitucionalidad de la Ley 2273 del 2022, reconociendo la importancia de este instrumento para la protección de los derechos humanos y el ambiente en el país.
Por las razones expuestas, solicitamos a Corte Constitucional, lo siguiente:
- Declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 del 05 de noviembre de 2022, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
- Declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 del 2022, reconociendo que el proceso de negociación y creación del instrumento regional se legitimó bajo un sistema participativo, en donde el público, en forma individual o colectiva, tuvieron la oportunidad de ser parte de las instancias de toma de decisiones, en concordancia con nuestra Constitución Política, la cual prevé este derecho como una manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho.
- Declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 del 2022,reconociendo que el Acuerdo de Escazú es un marco de oportunidad para el Estado colombiano, en tanto la cooperación regional en materia ambiental permite profundizar las relaciones internacionales del país, a partir de los intercambios de experiencias, las contribuciones técnicas y financieras, específicamente, para fortalecer los mecanismos de protección destinados a las personas defensoras ambientales.
- Declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 del 2022, reconociendo la urgencia y el llamado de los liderazgos ambientales en Colombia por la ratificación e implementación el Acuerdo de Escazú para superar un contexto de violencia sistemática en donde las defensoras y defensores ambientales han sufrido múltiples vulneraciones, asesinatos y hostigamientos con el fortalecimiento de las políticas y programas del Estado que deben responder a la situación de riesgo y amenaza a las que se enfrenta.
- Declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 del 2022, reconociendo que el Acuerdo de Escazú complementa y refuerza el marco normativo nacional a partir del reconocimiento de la categoría de especial protección de las defensoras y defensores ambientales y del régimen específico de prevención y protección de la labor de las personas defensoras ambientales en articulación con la obligación del Estado colombiano de asegurar la efectividad de los derechos humanos.
Desde Ambiente y Sociedad hacemos un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que declare la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, un instrumento que ya está siendo implementado a nivel regional y que, a través de instancias como el Foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, recientemente celebrado en la ciudad de Panamá del 26 al 28 de septiembre, visibiliza el rol de las personas defensoras del ambiente pertenecientes a pueblos étnicos y campesinos históricamente marginados. También se impulsa la creación de un Plan de Acción para su protección, el cual será implementado a nivel regional. Como ciudadanía estamos aportando activamente a este proceso, en el que la presencia del gobierno colombiano resulta fundamental para la construcción de una democracia ambiental real para nuestro país y región.
La protección del medio ambiente y de quienes lo defienden es un desafío que requiere la cooperación de todos los sectores de la sociedad y la promoción de instrumentos legales internacionales como el Acuerdo de Escazú.
