Existe una relación estrecha y profunda entre la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y el abordaje de la crisis climática global.
Para garantizar los derechos ambientales, resulta fundamental el acceso irrestricto a la justicia en asuntos ambientales. Este acceso debe ser reforzado desde la perspectiva global del derecho del cambio climático y el moderno concepto de justicia climática. En esta dirección, el litigio climático asoma como una herramienta innovadora para promover la adaptación y mitigación al cambio climático, recomponer las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática, prevenir daños futuros y obligar a los Estados y las empresas a dar cumplimiento con los compromisos climáticos asumidos para reducir la temperatura mundial.
Los principios de no regresión y progresividad constituyen coordenadas indispensables para evitar retrocesos en los compromisos climáticos internacionales asumidos por los países de la región y para lograr una mayor ambición de parte de los gobiernos en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La justicia climática, incluyendo el litigio climático, se ha convertido en una herramienta clave e innovadora para impulsar la acción climática. De acuerdo al último Informe global sobre litigios climáticos los litigios sobre el cambio climático están aumentando y ampliándose en alcance geográfico, mientras que la gama de teorías jurídicas se está ampliando. En los últimos años, distintos grupos de la sociedad civil están recurriendo a distintas instancias que permitan impulsar la gobernanza del cambio climático, buscando avanzar en temas como: la aplicación de las leyes climáticas existentes; la integración de la acción climática en las políticas ambientales y energéticas; la promulgación de órdenes a legisladores, formuladores de políticas y a empresas para que sus enfoques sobre cambio climático sean más ambiciosos; el establecimiento de definiciones claras sobre los derechos humanos afectados por el cambio climático; y compensación por daños climáticos.
Los enfoques inclusivos para los litigios climáticos que incorporan los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad pueden contribuir de manera significativa a obligar a los gobiernos y a otros actores clave a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
